Contralora pide un replanteo del actual sistema de salud.


Sandra Morelli acusa a las EPS de utilizar prácticas que rayan en el ‘lavado de activos’.

Tras casi un año de investigaciones sobre el manejo de la salud pública en Colombia, la contralora Sandra Morelli hizo un descarnado diagnóstico de la realidad de ese sector. Aseguró que llegó el momento de discutir si el modelo de salud que el país adoptó hace 20 años ha funcionado y denunció que los colombianos están gastando mucha más plata de la que en realidad se necesita para cubrir este servicio.

¿Por qué tantos escándalos en el manejo de la plata de la salud?

El país decidió en un momento dado tener un Estado chico, débil, que le entrega toda la responsabilidad al modelo privado, sobre el supuesto de que el privado es eficiente, transparente y gasta menos. En la práctica, lo que realmente tenemos son unos operadores privados que no son transparentes, ni eficientes, ni gastan menos, porque usan ‘la plata del míster’, la que no les duele porque la pagan todos los colombianos. Este escándalo de la salud no es un falso positivo. El presidente Santos se quedó corto cuando dijo que era la ‘punta del iceberg’. La situación es mucho más grave.

¿Está fallando el modelo que el país eligió en los 90?

El modelo de salud por sí mismo no es malo; tengo la percepción de que la cobertura mejoró. Lo que tenemos es un Estado minusválido, con complejo de existir, frente a verdaderos pulpos; un sector privado sobredimensionado, que impone reglas de juego y que hace temblar al país diciendo que hay emergencia, amenazando con que no hay plata y que se suspende el servicio.

¿Se demoró el Estado en ver lo que estaba pasando en el sistema de salud?

Los funcionarios que en cada administración fueron responsables del Ministerio, las superintendencias, las comisiones reguladoras y de vigilancia, las contralorías parecen convidados de piedra. Lo que hacían era ser funcionales a las tesis de las EPS. Cualquiera sabe que el ordenamiento jurídico no admite vacíos; si no hay una norma especial, pues se va a la de mayor jerarquía y, en últimas, se aplican la Constitución o la ley. El derecho no admite lagunas, pero eso no existe en el área de salud. En esta materia, los reglamentos parecen dictados por el enemigo. La gente no logra ni siquiera identificar qué camiseta tienen esos funcionarios, porque pasan de las EPS al Ministerio, a la Superintendencia, al Invima. Y eso se refleja en las reglamentaciones y en las decisiones que adoptan.

¿Qué responsabilidad les cabe a las EPS privadas?

En el tema de la salud hay una clarísima definición constitucional: se trata de una parafiscalidad, porque hay recursos públicos, que se aplican a atender la salud de las personas y no a crear patrimonios privados. Pero las EPS entraron en la lógica de la rentabilidad, como si fuera un negocio de colocación de recursos. Si a mí como EPS se me ocurre comprar inversiones o activos fijos cuando debería tener la plata lista para atender los eventos de salud de mis afiliados, pues estoy actuando por fuera de la lógica del negocio. Si cojo la plata que me entra por aportes de afiliados o del Gobierno y la traslado a mis controlantes en el exterior antes de que cubra todos los eventos en salud del período, o hago operaciones con las demás empresas de mi grupo, no por el servicio, sino para lograr una apropiación de recursos, pues no actúo en bien del sistema.

¿Hay evidencia de delitos?

No voy a mencionar casos que ya están en procesos. Si yo como EPS hago acuerdos para establecer unos pisos para los precios de medicamentos, como lo pudo establecer la Superintendencia de Industria y Comercio, estoy atentando contra el sistema. Si además de eso cambio los nombres de los tratamientos y medicamentos para crear esas zonas grises y decir que tal cosa no está en el plan obligatorio y que el Estado me tiene que reembolsar, y no hay nadie que me diga que este es el mismo tratamiento y que le cambié la carátula, pues estoy defraudando al sistema. Aquí existen unas prácticas para incrementar los costos. Yo diría que estamos rayando en el peculado y en lavado de activos. Además se abusa de la tutela, el instrumento más sublime en el Estado de Derecho, para forzar una circulación de recursos que son muy superiores a las verdaderas necesidades y a lo que requiere el servicio de salud para un buen funcionamiento.

Así el panorama, ¿qué hacer?

Aquí toca tomar una decisión sobre política pública, pero no es la Contraloría la entidad que tiene que asumir esa tarea. El Gobierno ha tomado la primera decisión importante, que ojalá no se quede en el papel, y es que esto pase a control de la Superintendencia Financiera. Aquí hay un flujo de recursos muy grande y no se manejan márgenes de solvencia, capital mínimo. Entonces, creo que esa fue una muy buena decisión, que entráramos en el mundo de los indicadores, de verificación de lavado de activos, de reporte de operaciones sospechosas.

¿El Estado debería reasumir el protagonismo en la prestación del servicio de salud?

No voy a contestar eso. Recuerden que también venimos de una mala experiencia. El problema no es si el Estado lo hace mejor o si el particular lo hace mejor. ¿Cuáles son las reglas de juego que vamos a cumplir? Este es el punto. El país recuerda que el Seguro Social era corrupto, un desastre de burocracia, y entonces optamos por un modelo fiduciario, el del Fosyga, que tiene que administrar unos recursos con la responsabilidad que se le exige a un buen padre de familia. Yo estoy segura de que un buen padre no le gira plata al que no es hijo de él sin verificar si tiene o no ese derecho. Aquí tenemos una administración del Fosyga que no tiene información depurada, que no tiene los suficientes sistemas de control y que ha contribuido a las situaciones de posibles defraudaciones o desfalcos.
Sisbén

No se sabe qué pasó con un billón

La Contraloría revisó el manejo que 76 municipios del país, entre ellos las capitales de departamento, les dieron a 1,5 billones de pesos girados para el régimen subsidiado de salud (Sisbén) en el 2010.

¿El resultado? Las autoridades locales no dan razón de cómo gastaron 963.000 millones. “Verificamos que no se utilizaron los dineros como manda la ley”, dijo la contralora. “A nivel territorial hay un irrespeto total de las cuentas maestras que se crean para hacerles seguimiento a los recursos. Hay IPS que son de papel y también se les gira plata”, aseguró. La Contraloría encontró inconsistencias en cuentas y contratos, y medicinas y equipos que se pudren en bodegas. La auditoría arrojó 805 hallazgos penales, fiscales y disciplinarios. De los 963.000 millones embolatados, 114.000 son de ‘multiafiliaciones’: personas que, teniendo recursos, figuran como beneficiarias del Sisbén.

‘Prevención, abandonada’

Morelli dijo que la prevención, en teoría uno de los pilares del sistema, está prácticamente abandonada. “El mundo sabe que lo que toca hacer en salud y lo que hace sostenible el sistema es la prevención. Y la prevención tiene que ver con medio ambiente, la calidad del hilo de la ropa, la alimentación de los niños, el ejercicio (…). Entonces, el concepto de salud que el Estado debe empezar a aplicar tiene que ser más universal”, afirmó.

La Contraloría sostuvo que en las regiones nadie da cuenta de los recursos que gira el Estado central para esos programas y que por años “ninguna autoridad de control se preocupó por preguntar qué pasó con esa plata”. “En las auditorías no hemos podido establecer ni un solo caso donde se haya hecho prevención”, aseguró la funcionaria.

“Durante mucho tiempo, el país tuvo un control fiscal abandonado y eso se refleja en los recursos de la Contraloría General, que son insuficientes y ridículos -dijo Morelli-. El Estado también tiene que empezar a ejercer autoridad, hacerse cargo de la situación y proteger sus activos”.

 

Fuente: portafolio.co

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