Cuando se rinden cuentas.


Mañana martes en Bogotá, el Ministerio de la Protección Social realizará la audiencia de rendición de cuentas en la que presentará el informe de logros alcanzados en el período 2010-2011, justo unos días antes de lo que se cree deberá ocurrir finalmente como es la escisión de dicha Cartera, lo que significará su automática eliminación, y la aparición de dos nuevas carteras: el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo.

Este período incluyó la sanción por parte del Presidente de la República de la Ley 1438 de 2011, que se constituyó en la última reforma sectorial en salud y aunque se sancionó el 19 de enero de este año, cerca del 50% de su articulado quedó pendiente de reglamentación posterior, labor que en algunos aspectos, hoy casi diez meses después de la citada sanción, se encuentra incumplida por el ejecutivo.

Con respecto a esa Ley, el pueblo colombiano aún no comprende por qué sólo desde el 2013 se aplicará el tope aprobado en el 10% para el gasto administrativo de las EPS, o por qué se desmontó un artículo de la Ley 1122 del 2007 que sancionaba a las EPS con la asunción del 50% del costo de las atenciones ‘no POS’ ordenadas vía tutela cuando la labor de los comités técnico-científicos de las agencias del aseguramiento no fuera oportuna y resolutiva al respecto, pues con la Ley 1438 es ahora el Fosyga, en representación de todos los colombianos, el que asume la totalidad de ese costo.

Por eso, aun en medio de los sonados casos de corrupción y desfalco a los recursos del Estado en el tema de los recobros, este período debe reconocerse como abundante en la producción de normatividad reglamentaria; sin embargo, algunas de estas medidas, antes que lograr mejorar la dinámica en temas como el flujo de recursos financieros entre los diferentes eslabones de la cadena de actores del sistema, tornaron este flujo más difícil e inclusive para el régimen subsidiado en especial, llevó a la casi parálisis del movimiento de dineros de este régimen entre los diferentes actores intervinientes.

Según lo dicho por el presidente Santos la semana anterior, se aumentó la cobertura del aseguramiento a casi el 100%, pues con los 2,3 millones que están en los regímenes especiales, las proyecciones indican que casi 44 millones de colombianos están cubiertos por el sistema de salud, es decir, el 96 por ciento de la población.

Sin embargo, muy a pesar de las billonarias cifras invertidas en el sistema a lo largo de su existencia, hay hechos de limitación al acceso de los servicios que impiden que los usuarios puedan recibir adecuadamente las atenciones requeridas y que obligan a recurrir a las conocidas tutelas, que llevan a pensar que hay un aseguramiento de carnetización total pero no de adecuada protección en salud en consonancia con el derecho fundamental consagrado en la Constitución.

Sin embargo, frente a ese anunciado 96% de cobertura, según la encuesta practicada por la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos” (RCCV) en ocho ciudades del país, casi la mitad de la población (el 44%), percibe que no se le está respetando el derecho fundamental a la salud.

Es que cuando se rinden cuentas ante un pueblo, no solo se debe informar lo que se hizo, sino también lo que se dejó de hacer y que las personas anhelan y esperan desde hace mucho tiempo…

Fuente> elheraldo.co

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